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La corte declaró la inconstitucionalidad de la atribución de la superintendencia de vigilancia y seguridad privada para fijar la tarifa de la contribución de vigilancia y las tasas por concepto de servicios prestados a los vigilados, por la falta del sistema y método que debe establecer la ley.

La Corte Constitucional estudió una demanda que presentó tres cargos diferenciados:

El primero, relacionado con el desconocimiento del principio de legalidad tributaria, debido a que el artículo 371 de la Ley 1819 de 2016 no establece el sistema y el método para fijar la tasa a favor de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

El segundo, referido a la vulneración de los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria, por cuanto, por un lado, el artículo 371 de la Ley 1819 de 2016 no estableció una tarifa para algunos sujetos que ejercen actividades que no encajan en las descritas en la referida disposición, pero sí se encuentran sujetos a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y, por otro, en el caso de las actividades en que sí fijó una tarifa, no valoró adecuadamente los costos y beneficios diferenciales, lo cual genera un trato inequitativo que carece de sustento constitucional.

El tercero concerniente a la vulneración de los principios constitucionales de igualdad, equidad y justicia tributaria, debido a que el artículo 76 de la Ley 1151 de 2007 no diferencia los destinatarios del tributo, lo cual pone en situación de igualdad a sujetos que, por sus actividades y reglas específicas, no la tienen.

La Corte concluyó que la expresión “fijar” es inconstitucional. Esto debido a que vulnera la competencia del Legislador para imponer tributos prevista en el artículo 338 Superior, al asignarle a la Superintendencia de Vigilancia la competencia para fijar otra tasa adicional. Lo anterior a partir de dos razones principales. La primera, porque como ya el Legislador fijó directamente las tarifas correspondientes, la determinación de esa tasa por parte de dicha Superintendencia constituiría un doble cobro y pago por el mismo servicio que se presta a los sujetos pasivos, esto es, por idéntico hecho generador. La segunda, porque el Legislador debió haber fijado el método y el sistema para definir los costos de los servicios de control en materia de vigilancia y seguridad privada para que la Superintendencia pudiera fijar dicha tarifa, evento que no ocurrió en el presente caso, lo que justifica la inconstitucionalidad de la competencia para “fijar” dicha tasa, que el mencionado parágrafo primero asigna a la Superintendencia de Vigilancia.

La Corte declaró exequible el artículo 371 de la Ley 1819 de 2016. Esto con excepción de la expresión “fijar” contenida en el parágrafo 2º y el parágrafo 3º del artículo 371 de la Ley 1819 de 2016, los cuales declaró inexequibles

 

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